Tuesday, May 18, 2004
Borrelli y los consumidores de drogas ilegales
El Ministro del Interior ha abogado por cambiar la norma que no pena el consumo de drogas alegando que en ella se amparan los pequeños traficantes. Se ha quejado incluso de que la cantidad mínima permitida a un consumidor sea determinada por los jueces y no por la ley. Ha dicho que por supuesto no cree que hay que penar al consumidor, que éstos son enfermos que hay que internar, pero que hay que investigar a aquellos que tienen cantidades que llevan a pensar que además de consumir, distribuyen.
Creo que actualmente la cantidad que se admite para un consumidor son unos pocos gramos, lo que ya obliga al consumidor, si no quiere ser pasible de una acusación de suministro, a tener que ir al supermercado a comprar la yerba y el azúcar por gramo.
Obviamente, quien fuma tabaco compra uno o dos paquetes, pues basta ir hasta la esquina para conseguir la "ansiada droga". Es obvio que quien fuma marihuana u otras drogas habitualmente, y que es obligado por las normas vigentes a cometer una falta cada vez que compra, se provee de la cantidad necesaria para cubrir su consumo por un tiempo más o menos razonable, pero la cantidad en su posesión lo convierte automáticamente en un distribuidor. La prueba de la distribución no puede estar dada por la cantidad de droga en posesión del individuo sino porque se pruebe, por una actividad positiva, que la persona distribuye.
Por otra parte, a los ojos de la ley, tener una planta es casi como tener un laboratorio. Parece ser más grave, entonces, que el consumidor se autoprovea a que forme parte de la cadena de distribución, alentando los delitos que los guardianes de la ley quieren evitar.
Lo de Borrelli es el viejo truco de ampliar la represión a los consumidores con la excusa de detener el narcotráfico. Esto va a contrapelo de todos los informes sobre la mejor manera de afrontar el problema de las drogas, que han demostrado que la represión indiscriminada es lo que menos funciona.
Pero quién puede sorprenderse, en este país donde Stirling se ha hecho famoso quemando marihuana y cocaína, como si fueran brujas.
He decidido poner a disposición, a pesar de lo viejo que es (julio, 2001), un largo dossier de The Economist, sobre la legalización de las drogas. Como todos saben The Economist, es una revista inglesa, conservadora en lo político y liberal en lo económico . Pero en algunas materias, para la ceguera habitual uruguaya, The Economist, parece escrito por un montón de anarquistas drogones. Como el dossier es largo y mi capacidad de traducción limitada, van los primeros dos artículos de, glup, once. Es muy interesante que el enfoque de The Economist, sea, como no podía ser de otra manera, fundamentalmente económico y no político, médico, moral, policial, etc. Lo siento pero me temo que los links a los artículos originales se han perdido en las arenas del tiempo. El primero, introductorio, está aquí y el segundo aquí.
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El Ministro del Interior ha abogado por cambiar la norma que no pena el consumo de drogas alegando que en ella se amparan los pequeños traficantes. Se ha quejado incluso de que la cantidad mínima permitida a un consumidor sea determinada por los jueces y no por la ley. Ha dicho que por supuesto no cree que hay que penar al consumidor, que éstos son enfermos que hay que internar, pero que hay que investigar a aquellos que tienen cantidades que llevan a pensar que además de consumir, distribuyen.
Creo que actualmente la cantidad que se admite para un consumidor son unos pocos gramos, lo que ya obliga al consumidor, si no quiere ser pasible de una acusación de suministro, a tener que ir al supermercado a comprar la yerba y el azúcar por gramo.
Obviamente, quien fuma tabaco compra uno o dos paquetes, pues basta ir hasta la esquina para conseguir la "ansiada droga". Es obvio que quien fuma marihuana u otras drogas habitualmente, y que es obligado por las normas vigentes a cometer una falta cada vez que compra, se provee de la cantidad necesaria para cubrir su consumo por un tiempo más o menos razonable, pero la cantidad en su posesión lo convierte automáticamente en un distribuidor. La prueba de la distribución no puede estar dada por la cantidad de droga en posesión del individuo sino porque se pruebe, por una actividad positiva, que la persona distribuye.
Por otra parte, a los ojos de la ley, tener una planta es casi como tener un laboratorio. Parece ser más grave, entonces, que el consumidor se autoprovea a que forme parte de la cadena de distribución, alentando los delitos que los guardianes de la ley quieren evitar.
Lo de Borrelli es el viejo truco de ampliar la represión a los consumidores con la excusa de detener el narcotráfico. Esto va a contrapelo de todos los informes sobre la mejor manera de afrontar el problema de las drogas, que han demostrado que la represión indiscriminada es lo que menos funciona.
Pero quién puede sorprenderse, en este país donde Stirling se ha hecho famoso quemando marihuana y cocaína, como si fueran brujas.
He decidido poner a disposición, a pesar de lo viejo que es (julio, 2001), un largo dossier de The Economist, sobre la legalización de las drogas. Como todos saben The Economist, es una revista inglesa, conservadora en lo político y liberal en lo económico . Pero en algunas materias, para la ceguera habitual uruguaya, The Economist, parece escrito por un montón de anarquistas drogones. Como el dossier es largo y mi capacidad de traducción limitada, van los primeros dos artículos de, glup, once. Es muy interesante que el enfoque de The Economist, sea, como no podía ser de otra manera, fundamentalmente económico y no político, médico, moral, policial, etc. Lo siento pero me temo que los links a los artículos originales se han perdido en las arenas del tiempo. El primero, introductorio, está aquí y el segundo aquí.
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